sábado, 18 de noviembre de 2017

Córdoba: la embajada de Estados Unidos y una fundación PRO adoctrinan sobre seguridad

La embajada de Estados Unidos y la Fundación Contemporánea, vinculada al PRO a través de su ex presidente Gonzalo Santamarina, adoctrinaron a jóvenes dirigentes sociales y políticos sobre "seguridad ciudadana" en un encuentro que se realizó en Río Cuarto este jueves y viernes.
Las jornadas fueron auspiciadas por el gobierno de Córdoba, criticado estos años por promover un polémico Código de Faltas, que tenía la figura del "merodeo", con una policía provincial acusada de varios casos de gatillo fácil y de vínculos estrechos con el narcotráfico, y una justicia provincial indiferente a muchos de esos casos.
En el pasado reciente, el gobierno cordobesista intentó instrumentar políticas de seguridad asesorado por la embajada norteamericana, que terminaron con el levantamiento policial de 2013, que degeneró en masivos saqueos y linchamientos, y produjo la inmediata renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (actual funcionaria de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad).
De la apertura del encuentro participaron el presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez (a la derecha, en la foto de abajo); el director del Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Provincia, Roberto González; el coordinador del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Claudio Stampajlia; y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas (en el centro, en la foto de abajo), entre otros funcionarios.
Estos seminarios de doctrina norteamericana sobre seguridad son auspiciados por el ministerio de Patricia Bullrich, que se ha reunido ya varias veces en Estados Unidos con funcionarios clave del FBI, la DEA, el Departamento de Estado y Seguridad Interior, órganos con los cuales ha suscripto diversos convenios de "colaboración e intercambio de información criminal".
Además, el gobierno de Cambiemos compra equipamiento militar al gobierno estadounidense, como así también firma pactos político-militares no refrendados por el Congreso argentino, que incluyen el entrenamiento de tropas argentinas en el extranjero (El Salvador, por ejemplo) y el ingreso de tropas norteamericanas a suelo nacional.
Por su parte, la Fundación Contemporánea, una de las organizadoras del evento en Río Cuarto, fue creada en Mendoza, por el entonces gobernador Celso Jaque, que financió económicamente a este think tank de raigambre "humanista cristiano", de donde salió el actual diputado nacional, Diego Bossio.
Su ex presidente Gonzalo Santamarina fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, y es funcionario de Jorge Triaca (h) en el ministerio de Trabajo. El actual presidente de la fundación es Juan Miguel Bestani.
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martes, 14 de noviembre de 2017

Cuando el Estado se hizo cargo de los sueldos de radio Mitre

En su lucha por radicalizar a sus moderados del Corea del Centro, el periodismo macrista no sólo salió a cubrir a los Leuco -que tuvieron que admitir, con el paso de las horas, que Alfredo no había recibido ningún insulto antisemita en la gala de los Martín Fierro a las radios porteñas- sino también a rechazar cualquier intento de solidaridad con los trabajadores que están siendo despedidos en varios medios de comunicación, que ya suman más de 2 mil.
La propuesta de que el Estado argentino intervenga con instrumentos que preserven los puestos de trabajo fue rechazada de cuajo por las principales figuras de un periodismo oficialista cada vez más traumatizado por las hilachas que aún sus audiencias cautivas pueden observar a la hora de rescatar aquel viejo discurso de la objetividad y la independencia, caballito de batalla durante el gobierno K, desierto de críticas e investigaciones comprometedoras durante Cambiemos.
Sin embargo, justamente radio Mitre, la emisora estrella del Grupo Clarín, fue ayudada por el kirchnerismo con el pago de sueldos en 2009.
En noviembre de ese año, el periodista Pablo Sirvén contaba en La Nación: "Las que ya están percibiendo una poderosa inyección de dinero público son, asombrosamente, las emisoras porteñas más importantes de la Capital: Radio 10 y Radio Mitre. La primera se ufana de ser la emisora más oída del país; la otra forma parte del Grupo Clarín, que el Gobierno hostiga casi a diario. Hay una tercera, Radio Belgrano, del ex banquero Raúl Moneta, que también se acogió al beneficio. A Radio Rivadavia no se lo dieron, pero en cambio hay otros veinte pedidos otorgados a radios del interior.
El beneficio se llama Programa de Recuperación Productiva (Repro) y lo otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación a aquellas empresas que se consideren en "situación de crisis". "Este programa -aclara el instructivo que deben llenar las compañías que aspiran a recibirlo- brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos y por el plazo de 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por Anses." Claro que para acceder a él "las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal".
Hasta agosto último, los subsidios transferidos al sector privado por parte del Estado se elevaban nada menos que a 32.643 millones de pesos. El Repro en particular reparte entre 1493 empresas (casi todas pymes) 197.382.250 pesos".
En el diario Perfil explicaban: "La administración de Cristina Kirchner decidió ofrecer a las empresas radiales un auxilio económico frente a la posibilidad de que se produjera un incremento de despidos de personal. El temor principal del Gobierno era que esos recortes pudieran ser atribuidos a la aplicación de la nueva Ley de Medios y a la reestructuración del mapa del sector.
La señal de alerta se encendió ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de recomposición salarial entre las empresas y los cuatro gremios que aglutinan a los trabajadores de las radios. Fue entonces cuando la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, se comunicó con la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y les ofreció incluir a las radiofónicas en el programa de Recuperación Productiva (Repro), que auxilia a sectores económicos con graves problemas económicos. Le ofreció hacerse cargo de $ 600 del salario de los trabajadores de las empresas que lo solicitaran, durante un período de tres meses, extensible a seis. Según informó Héctor Parreira, director ejecutivo de ARPA, hasta el momento hay 24 radios que adhirieron al plan, con la justificación de que no pueden garantizar la estabilidad laboral de sus empleados".
Alberto Veiga, secretario de ARPA, admitió en diálogo con el diario de Jorge Lanata, Crítica de la Argentina, que "el Repro surgió como una solución frente a un reclamo excesivo de la parte sindical" y alegó que "más allá de dos o tres radios líderes, el resto, tanto las del interior como muchas de Capital, están seriamente comprometidas" por situaciones de crisis. "Es una actividad sumamente deficitaria en la que 70% del costo corresponde a sueldos", agregó el directivo en ese noviembre de 2009.
El domingo en Canal 13, y ayer en radio Mitre, Lanata rechazó la posibilidad que el gobierno de Mauricio Macri saliera al rescate de las empresas de comunicación que están en crisis, afirmando que el Estado argentino no puede solucionar los mal manejos que hicieron los empresarios, y centró -sin sorprender- sus ataques en Cristóbal López -de quien el gobierno y sus medios esperan que sea encarcelado en estos días-, Electroingeniería y Sergio Szpolski.
Sin embargo, con este último, Lanata hizo buenos negocios. Lo recordó el sábado el periodista Javier Calvo, en Perfil: "Tampoco Lanata parece memorioso con otro de sus productos que fueron comprados con dinero paraestatal, como lo que critica de Tinelli y Cristóbal. El periodista más popular del país le vendió su revista Veintitrés a Sergio Szpolski, quien además luego le adquirió por muy buena plata los derechos para publicar capítulos de sus libros en la misma publicación. Distinto a lo que pasa con Cristóbal y Garfunkel (ex socio en el tan pomposo como hueco Grupo Veintitrés), Szpolski no sólo goza de la omisión conveniente de Lanata, sino también de fiscales y jueces que deberían investigarlo. Igual, no todos se olvidan".
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lunes, 13 de noviembre de 2017

Dirigente de Cambiemos era "buchón" de la Dictadura

Un reconocido referente político y sindical que militó gran parte de su vida en el PJ pero que en la última elección apoyó la boleta de Cambiemos en La Pampa fue citado por la Justicia acusado de "marcar" a personas durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia.
Carlos Aragonés deberá declarar mañana en una nueva audiencia del juicio de la causa denominada Subzona 14 II, en la que se investigan delitos de lesa humanidad. El ex sindicalista fue acusado directamente en tribunales por testigos y víctimas de la dictadura como delator de los militares, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Viejo militante del PJ pampeano, llegó a recibir el mote de "El Padrino", por haber respaldado la candidatura de Rubén Marín, que luego sería electo gobernador en 1983, en el regreso de la democracia. Antes, Aragonés había sido interventor del PJ durante toda la dictadura (1975-1985).
En las últimas elecciones, Aragonés respaldó la lista de Cambiemos, encabezada por el macrista Martín Maquieyra, que ganó las Paso en agosto pero perdió las generales de octubre ante el PJ por apenas 76 votos -según determinó el recuento definitivo-.
El papel de Aragonés -ex secretario general de la CGT pampeana- en la campaña de Cambiemos fue obra del ex intendente porteño Carlos Grosso, que también convocó a Omar Cayre, abogado del jefe policial de la dictadura, Luis Enrique Baraldini, también acusado en la causa de la Subzona 14 II, y con prisión domiciliaria.
La historia política de Carlos Aragonés en La Pampa se remonta a los años 70. Como diputado nacional sobresalió por sus prácticas macartistas contra los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, donde cursaba ingeniería Raquel Barabaschi, una ex detenida que lo define como un "personaje nefasto que en la UTN nos denunció como zurdos, trapos rojos y pertenecientes a la Cuarta Internacional".
"Cuando él era diputado nacional en el 73, nos denunció en la UTN como zurdos, marxistas y subversivos. La historia es así: había venido a hacerse cargo de la Facultad el decano Carlos Agaya y el secretario académico Agustín Lamas, gente muy progre, muy trabajadora. Querían construir. Entre el alumnado había estudiantes radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, pero trabajábamos todos juntos, la mayoría. Aragonés era de las 62 Organizaciones y pretendía cooptar todo este movimiento nuestro. Como no le dimos pelota él nos combatió desde afuera y propició una intervención desde Bahía Blanca porque la Facultad dependía de allá. Vino con una patota y nos desalojaron el 21 de enero de 1975. Terminamos presos en Santa Rosa", recordó Barabaschi, uno de los 12 testigos que declaró en contra de Aragonés en el juicio.
El testimonio más revelador sobre la conducta del amigo del coronel Ramón Camps -según fotos y testimonios de la época- lo dio su propio guardiacárcel, Oscar José Aimar. En el pedido de declaración indagatoria para Aragonés que formuló Barabaschi en la causa 246/06 donde lo denunció, se señala que aquel mencionó: "Los comentarios eran que se tenían que cuidar de Aragonés" y que "no sacaba la cabeza por las ventanillas de las celdas. Ni al recreo salía".
Los testigos José Carlos Brinatti, Rosalinda Noemí Gancedo, Hugo Avelino Ferrari, José Martiniano Mendizábal, Francisco José Tineo, Patricio Becares, Mauricio Martín y Santiago Covella, el ex ministro de Obras Públicas pampeano que fue torturado por la patota de la Subzona 14, agregaron más detalles sobre el papel que jugó Aragonés.
Gancedo fue detenida ilegalmente en General Pico en dos oportunidades, y en una de esas ocasiones fue torturada en la Seccional Primera de Santa Rosa, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
En su testimonio, recordó que fue detenida por cuestiones políticas y que la Universidad Tecnológica Nacional realizaba "un trabajo social profundo" lo que generaba "rispideces con la CGT, principalmente con Aragonés", quien en ese momento pidió la intervención de la UTN.
Dijo que en enero de 1975 caminaba por la calle y fue interceptada por dos patrulleros. "En uno de ellos, estaba Aragonés y dijo: "Es alumna de la facultad. Deténganla"", recordó. "Nosotros quedamos marcados por Aragonés, fue uno de los civiles que nos marcó", agregó.
La causa de la Subzona 14 II investiga delitos de lesa humanidad contra 236 víctimas. 18 ex militares y policías están siendo juzgados por esos hechos.
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jueves, 9 de noviembre de 2017

Detrás del escándalo: Carrió quiere darle a los pobres alimentos a punto de vencer

Lo que sí informaron los medios: un nuevo escándalo desatado por un exabrupto de Elisa Carrió terminó súbitamente con la sesión de ayer de la Cámara de Diputados de la Nación. Carrió insultó a Margarita Stolbizer y otros legisladores opositores que se negaron a votar un nuevo régimen de donación de alimentos.
Lo que no informaron los medios: dicho proyecto de ley imita una iniciativa del gobierno de San Pablo (Brasil) que habilitaría la entrega de comida a personas de bajos recursos a partir de los alimentos que tiran las grandes cadenas.
Pero eso no es todo: Carrió quiere reincorporar un artículo que fue sacado años atrás que les daría impunidad a los empresarios que "donen" estos alimentos si muere un chico luego de consumirlos en mal estado.
Antes de decirles estúpidos -que para Carrió no es un insulto, según aclaró en su cuenta oficial de Twitter-, la aliada de Mauricio Macri había gritado: "¡Estoy harta del progresismo estúpido!". Ya veía que su proyecto no iba a pasar la votación. Por intervención del kirchnerismo y el massismo, volvió a la comisión correspondiente para corregirlo.
La ley 25.989 establece que "toda persona de existencia física o ideal podrá donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público, legalmente constituidas en el país o a grupos humanos o personas individuales, para ser equitativamente distribuidos entre familias o sectores poblacionales necesitados".
El párrafo que se quería volver a incluir es en el artículo 9, para que una vez producida la entrega de los alimentos, "el donante que actuare de buena fe quedará liberado de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el vicio o riesgo de la cosa".
En rechazo de la iniciativa, Federico Masso (Libres del Sur) ironizó: "Hay que agradecerle a las grandes cadenas de supermercados que se van a poner la mano en el corazón y van a donar toneladas de alimentos, en un país que tiene para abastecer de alimentos a 400 millones de personas. Eso se llama hipocresía".
"Lo que se quiere facilitar atrás de esta ley es que estas grandes cadenas no tengan que gastar ni siquiera en flete", sostuvo Masso, y añadió: “Muchas veces hemos golpeado las puertas de estas empresas y lo único que nos han donado son hidratos de carbono”.
Carrió, quien había interrumpido el discurso del diputado con gritos fuera de micrófono, pidió la palabra y lanzó: "Si alguien al que le sobra le da a otro para que coma en condiciones de salubridad, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos, ¡hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a bolsas de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa!".
"¡Estoy harta del progresismo estúpido! ¿Qué quieren, que se mueran de hambre? ¡Déjenme de jorobar!", bramó, mirando a Margarita Stolbizer, que minutos antes había descalificado la iniciativa de Carrió por "inconstitucional y anti ética". "Quieren sacar un certificado de buen samaritano cuando regalo lo que me sobra", había acusado la líder del GEN.
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lunes, 6 de noviembre de 2017

#Superclasico La estafa del nuevo fútbol codificado a los hinchas y socios

Las dolorosas imágenes de hinchas de River y Boca con la ñata contra el vidrio recorrieron las redes sociales durante estas horas, aunque el nuevo negociado alrededor de la televisión del fútbol de primera división ya había comenzado el fin de semana pasado y abarca a 10 de los 14 partidos que se disputan por fecha.
Lo llamativo fue que en algunos puntos del país, los sistemas de cable terminaron liberando la señal de TNT Sports, a través de la que se transmitió el clásico de los clásicos del fútbol argentino, quizás debido a presiones de los sponsors ante la escasa cantidad de abonados que había contratado el pack HD (650 mil antes de este fin de semana; 1.100.000 en éste, según La Nación. Un número muy bajo, teniendo en cuenta que la Argentina tiene 10 millones de hogares, el 90 por ciento de ellos con conexión al cable).
Pero la nueva prohibición de ver libremente el fútbol profesional disparó otras consideraciones:
1- Cuando el fútbol de primera era pago (años 90 y comienzos de los 2000), se podía elegir ir a la cancha, o pagar y mirarlo sentado en el sillón de la casa, pero ahora no se puede ir de visitante, por lo que en esa condición, hay que pagar sí o sí para ver al equipo favorito.
2- Los socios de los club aportan y forman parte de su institución. ¿Por qué empresas como Fox, Turner o TyC Sports (las que se quedaron con el negociado de la televisación) pueden lucrar con los clubes y encima cobrarles a esos socios por ver a su propio equipo? ¿No deberían bonificarles el pack HD? ¿No podrían ser partícipes de las ganancias de esas empresas que lucran con su club?
Estas últimas preguntas ponen en el centro el rol de la desprestigiada AFA (Asociación del Fútbol Argentino), que en teoría debería repartir de forma igualitaria lo que le pagan esas empresas, pero no lo hace así, sino por variables cercanas al concepto del rating. Hay clubes ("los grandes") que cobran más que otros ("los chicos"), y la primera división recibe más plata que el Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.
Mientras tanto, las señales de cable seguirán enfocando las tribunas. Habrá bares que bajarán las persianas para que los que no pueden pagarse una consumición no puedan ver el tele desde afuera del negocio. Los medios que responden a los conglomerados multimediales dueños de la televisación ofrecerán el pack HD con un provocador Llame Ya. Los pontificadores de todo, finalmente, elogiarán que le gente ahora se reúna en esos bares, recuperando esos viejos ritos colectivos, que en verdad esconden la desigualdad y las avivadas de los mismos de siempre.
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sábado, 4 de noviembre de 2017

Con Boudou preso, el gobierno acelera el regreso de las AFJP

En el libro "Intrigas, alianzas y traiciones" (2016), se da cuenta de lo que es una de las anécdotas más conocidas del mundillo político argentino: "Fue Massa quien presentó y llevó a la Quinta de Olivos a su subalterno, Amado Boudou, con el plan de nacionalizar los depósitos de las AFJP.
"Vos estás loco", fue la primera reacción de Massa cuando Boudou le presentó su idea. "Pero si querés se lo cuento a Cristina y lo vemos. Para mí no es viable", le anticipó el entonces jefe de Gabinte.
Massa le transmitió la idea a Boudou a la presidenta, a quien en un primer momento le pareció atractiva. Armaron un encuentro en la Quinta de Olivos y Cristina le ordenó "traelo a Boudou y lo charlamos con Néstor". Así fue cómo Boudou ingresó a la pingüinera a la que no había tenido acceso hasta ese momento.
Cuando Boudou expuso la idea ante el ex presidente, éste la compró de inmediato. Y siempre quedaría con la gran duda sobre si el hacedor de la gran gestión de la ANSES había sido Massa o el tapado que "massita" tenía en ese lugar. Era otra de las chicanas preferidas que el ex presidente descargaba sobre Massa".
El sistema de AFJP había sido un formidable negocio para unos pocos empresarios y una estafa para los trabajadores y jubilados argentinos. Para muchos, la suerte de Boudou quedó echada ante esos sectores de poder por habérsele ocurrido terminar con semejante negociado, que prometía continuar en el tiempo indefinidamente.
Ayer, esos sectores de poder le cobraron la factura: descalzo, en ropa interior y medio dormido, fue detenido por tener -ahora, en el llano- la capacidad de entorpecer la investigación iniciada en 2012 por supuesto enriquecimiento ilícito (a la que ahora el juez Ariel Lijo le agregó lavado de activos y asociación ilícita).
Fue tan humillante la escena, que hasta periodistas y medios oficialistas se han sentido avergonzados por estas horas, inclusive más de un macrista se sentirá intimidado ante la seguidilla de detenciones K, que podría provocar que estos sectores del Poder Judicial sientan la necesidad de disimular y llevar a detener a algún funcionario del gobierno actual.
Pero mientras el antikirchnerismo rabioso disfruta de la entrada en la cárcel de Boudou (uno de sus íconos de la llamada "corrupción K"), el gobierno nacional avanza con sus reformas, especialmente las que afectarán a los jubilados (sus jubilaciones serán recortadas por medirse por inflación en vez de la ley de Movilidad Jubilatoria) y a los trabajadores (extensión de la jornada laboral hasta 10 horas, final del pago de las horas extras, facilitar el despido de un trabajador, reducción de indemnizaciones).
El periodista y economista Guillermo Laborda publicó ayer en el sitio web La Política Online que "el gobierno está estudiando el lanzamiento en 2018 de seguros de retiro voluntario, una suerte de aportes a administradoras de fondos (¿AFJPs?) para aquellos que quieran ahorrar más a futuro y complementar lo que la jubilación estatal les depare. Para incentivar esta operatoria habría beneficios impositivos para estos aportes".
Laborda aportó una inquietante "justificación" al regreso a uno de las peores decisiones de los últimos tiempos (y que los chilenos, por ejemplo, siguen sufriendo aún en 2017): "No sería nada despreciable justo cuando el gobierno en paralelo está buscando modificar la ley de ajuste de las jubilaciones, el mecanismo por el cual se actualizan los haberes previsionales. En épocas de alto rojo fiscal, es obvio que el nuevo ajuste será menor al vigente por lo tanto las jubilaciones tendrán un sendero menor de incrementos".
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jueves, 2 de noviembre de 2017

Córdoba: persiguen a los que piden justicia por Santiago Maldonado

Más de 30 mil personas se manifestaron ayer en el centro de la capital cordobesa reclamando por el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, mientras otra multitud -más de 100 mil personas- apoyaba a la familia del joven en Plaza de Mayo (Buenos Aires).
Pero en diferentes puntos de la provincia mediterránea, ciudadanos que participan activamente del reclamo de justicia vienen sufriendo diferentes tipos de presiones y acciones de amedrentamiento por parte de fuerzas de seguridad y de otros coprovincianos, persecución que incluyó allanamientos masivos contra centros culturales y partidos políticos el pasado 31 de agosto, y pedidos de autoridades y padres de que el tema Maldonado no se aborde en las escuelas.
Ayer, en Alta Gracia, horas antes de los actos por los tres meses desde que Santiago fue visto por última vez con vida -en medio de un operativo de represión de Gendarmería Nacional-, cuatro mujeres del Colectivo Paravachasca por la Memoria fueron amenazadas con ser detenidas por la Policía de Córdoba.
Ocurrió en el conocido Reloj Público de esta localidad cercana a la capital, cuando las jóvenes escribieron sobre los adoquines ubicados en la esquina frente al Tajamar el nombre del joven, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el río Chubut, luego de estar 78 días desaparecido.
En diálogo con el portal Sumario en Red, Florencia, integrante del Colectivo, contó que "como es costumbre en cada intervención" estaban escribiendo el nombre del joven artesano, cuando un patrullero se les acercó y, al bajar, los policías les dijeron que lo que estaban haciendo era un delito federal porque no podían dañar el patrimonio.
"Le explicamos que era con tiza, que siempre lo hacemos, que ya habíamos avisado que íbamos a hacer esta intervención y que después lo borrábamos con agua. Cayeron tres patrulleros más, en total eran 9 policías, nos tomaron los datos a las cuatro compañeras, y nos dijeron que debíamos borrarlo sí o sí, o nos realizaban una contravención. Con una angustia terrible, les pedimos que nos permitieran dejar el nombre y que después de la marcha lo borrábamos con agua", contó la joven.
En Achiras, en el sur cordobés, a 70 kilómetros de Río Cuarto, un grupo de artistas realizó un mural en memoria de Maldonado, expresión artística que llevó a un portal en Facebook a catalogar a los autores de "muralistas K" y a Maldonado de "delincuente".
"En Achiras, tenemos historiadores, deportistas (corredores de Motocroos y Rally, jugadores de futbol), artistas, cantantes y pintores, gente buena y que vale la pena; pero decidieron rendirle homenaje a un "Falso Mapuche", un "don nadie", un pibe que estaba haciendo disturbios en la vía pública, alguien que quemaba campos y casas reclamando sus tierras, rompían monumentos de nuestra patria", se quejó la publicación.
Tratando de "escrachar" a los autores, el perfil publicó una foto de los nombres de los mismos, escritos al lado del mural: "Ellos decidieron rendir homenaje a un delincuente, que de hecho, deseamos que descanse en Paz, porque es una persona como cualquiera de nosotros, pero no merece ningún monumento, ninguna pintura. Es uno más entre miles que mueren y desaparecen".
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lunes, 30 de octubre de 2017

Macri prepara un ataque contra los DD.HH

Mauricio Macri nunca dejó de pensar que la lucha por la defensa de los derechos humanos es un "curro", según la descalificó en la campaña electoral presidencial de 2015. Ahora, envalentonado porque Santiago Maldonado apareció muerto antes del 22 de octubre y además los resultados médicos hasta ahora descartan que haya sido herido por Gendarmería, prepara un contragolpe contra los organismos de derechos humanos, a los que culpa de desprestigiar a su gobierno ante instancias internacionales.
La semana pasada, el gobierno fue a la reunión de la Comisión Interamaricana de Derechos Humanos en Montevideo (Uruguay) a atacar a los organismos y denunció una supuesta campaña en su contra que incluye "una malaintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento" de programas públicos.
Anoche, medios oficialistas intentaron instalar que con el triunfo de Cambiemos el domingo pasado se acabó el kirchnerismo, y con ese final debería llevarse el legado de los organismos de derechos humanos, que marcaron moralmente las últimas décadas de la historia argentina.
Desde esos medios, le exigen al gobierno que avance contra los organismos. "Es hora de que el Gobierno sea el principal protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos en la Argentina. Para eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes, desde 2003, han orientado, dirigido y llevado adelante una política de derechos humanos anacrónica, parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre alineada con intereses políticos y electorales, cuando no con el mero interés económico de sus integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la tarea que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas limpias, transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de los derechos humanos", reclamó La Nación, el sábado.
Algunos ministro descalifican a los defensores de los derechos humanos y los señalan como integrantes de "aparatos de construcción de mentiras", y ponen en la mira al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a otros organismos internacionales que los financian.
Además, el ataque contra el CELS también busca erosionar a su presidente, Horacio Verbitsky, el periodista que más odia Mauricio Macri, especialmente luego de que revelara que Gianfranco, hermano presidencial, aprovechó el decreto del primer mandatario que modificó la ley de Blanqueo para blanquear más de 600 millones de pesos.
Una de las que va a encabezar la embestida oficial va a ser Lilita Carrió, que durante la campaña tuvo afirmaciones hirientes sobre el caso Maldonado, que luego de ganar en Capital Federal prometió que denunciará a los organismos ante el mundo, y este fin de semana directamente pidió la libertad de los genocidas juzgados por delitos de lesa humanidad.
El discurso será "recomponer la verdad de los hechos". El objetivo real será empezar a desarmar culturalmente la condena sobre la Dictadura cívico-militar, una vieja meta de sectores de poder relacionados con esos delitos de lesa humanidad, sobre los que nunca la justicia argentina pudo actuar como sí lo hizo sobre muchos de los militares que protagonizaron el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".
Mauricio Macri, luego de su triunfo del domingo 22 de octubre, se siente con la fuerza necesaria para encarar la tarea de desprestigio contra instituciones reconocidas en el mundo entero. Contará a su favor con todo el aparato de medios que lo respaldan, que se encargarán, como en otros casos, de difundir los carpetazos que se distribuyan desde instancias oficiales.
Un nuevo dolor para el país de la grieta, la estrategia que mejor le sale a Macri, aunque el costo sea romper acuerdos que la sociedad argentina había consensuado desde el regreso de la democracia, con los juicios a la Juntas Militares, y la posterior derogación de las leyes de la impunidad y la eliminación de los indultos.
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viernes, 27 de octubre de 2017

#DeVidoPreso Río Turbio está parado pero le compró camionetas a la socia de Carrió

Una de las causas por la que un sector del Poder Judicial pidió el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, está relacionada con una supuesta malversación de fondos públicos para distintas obras en el complejo carbonífero Río Turbio (Santa Cruz) por unos 26.000 millones  de pesos entre los años 2006 y 2015 (algunos especialistas rechazan esa cifra y la colocan en los 100 millones).
Hasta el 2015, las tareas para poner en marcha dos usinas térmicas de carbón en esa ciudad santacruceña avanzaron hasta el 92%, ya que una ya está terminada en su totalidad, llegó a generar electricidad con carbón y está integrada al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), aunque recién unos día antes de las pasadas elecciones pudo dar luz no sólo a la mina sino también a toda la cuenca carbonífera, por decisión del interventor nombrado por Cambiemos.
El nuevo gobierno de Mauricio Macri, además de paralizar la obra, despidió a cerca de 1.000  trabajadores de la construcción y mineros, mientras que más de 100 optaron por el retiro voluntario.
Sin embargo, el gobierno nacional decidió premiar al fiel diputado nacional por Santa Cruz, Eduardo Costa, esposo de Mariana Zuvic -la socia de confianza de Elisa Carrió- y propietario de la cadena de supermercados y corralones Hipertehuelche. Es el diputado más rico de la Cámara y está siendo investigado por lavado de dinero.
A pesar de que la obra está paralizada y las máquinas se desgastan por dicho parate más que si se las utilizara para completar el 8% que le falta al emprendimiento, el interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Omar Zeidán -hombre de Costa y ex concejal radical- contrató de forma directa a las empresas de su amigo para la provisión de materiales de construcción para reparar una casa perteneciente a la Municipalidad de Río Turbio en la que él vive. Gastó 18 millones de pesos (además, la vivienda ya había sido arreglada en 2011). El encargado de planificar las reformas fue Francisco Roldán, ex gerente del Grupo Costa.
Pero Zeidán (en ambas fotos, a la izquierda) no sólo acondicionó la casa donde vive. También creó las condiciones para direccionar una licitación a su amigo Costa. Para la compra de 20 camionetas, puso como requisito que las concesionarias no estuvieran a más de 400 kilómetros de Río Turbio, exigencia con la que sólo cumplía... el Grupo Costa.
Mientras los socios de Macri y Carrió en Santa Cruz llevan a cabo estos negociados, la Argentina deja de quemar sus ricas reservas de carbón y prefiere comprarle gas a Chile, donde no hay gas, por lo que debe comprarlo a... Shell, la petrolera donde el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene acciones y en la que trabajó 40 años. Y Shell se lo vende a Argentina muy por encima de lo que saldría producirlo en el país si se completara ese 8% de la obra de Río Turbio o lo comprara a Bolivia.
A su vez, el empresario Joe Lewis, amigo de Macri y dueño de Pampa Energía -en sociedad con Marcelo Mindlin, que supuestamente le compró a Ángelo Calcaterra la constructora que era del Presidente-, le vende energía a los argentinos a 105 dólares el megavatio-hora, más de la mitad de los precios de mercado.
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jueves, 26 de octubre de 2017

#DeVidoPreso Festejos en Shell

Una de las causas por las que Julio De Vido fue desaforado ayer por Cambiemos y quedó detenido en el penal de Ezeiza es la compra de gas natural licuado (GNL) importado de 2008 a 2015, por la que el juez Claudio Bonadio lo acusa de haber pagado sobreprecios por 6.900 millones de dólares.
Lo llamativo es que actualmente se paga más por importar este gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, contrató a través de la estatal Enarsa la compra de gas a Chile con un precio de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
Este año, Shell se llevará a sus arcas unos 265 millones de dólares, al convertirse en una de las empresas que más gas licuado le vende a la Argentina, según lo publicado por Enarsa el 13 de marzo pasado sobre las compras de ese insumo energético que se realizan al exterior para satisfacer la demanda interna.
Accionista actual y ex CEO, Aranguren le ha hecho ganar cifras millonarias a su empresa desde que es funcionario estatal, no sólo con estos sobreprecios sino principalmente con los aumentos de las tarifas que sufren los argentinos, que dentro de pocas semanas tendrán un nuevo capítulo, ya que el gobierno nacional llamó a la audiencia pública para concretar un aumento del 50 por ciento.
Además, Aranguren le adjudicó a la petrolera donde pasó 40 años de su vida 7 de las 8 licitaciones que se abrieron para la importación de gasoil por barcos al país.
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