miércoles, 10 de octubre de 2012

Después del papelón en Venezuela, Clarín y La Nación vuelven con los gendarmes y prefectos

Para así regresar a la vieja idea de que el gobierno nacional es inepto, inútil, mentiroso, y dar entender que no saben por qué la gente lo vota.
Van der Kooy: "Aquel conflicto estalló por una notable impericia administrativa del Gobierno que produjo, de facto, una rebaja salarial en los agentes de seguridad. Pero las conductas posteriores, incluida la rueda de prensa de ayer de Juan Manuel Abal Medina, el jefe de Gabinete, y Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, empiezan a sembrar dudas sobre si detrás de la ineptitud oficial no estaría agazapado, en verdad, otro objetivo.
¿Cuál?
El de provocar, tal vez, una reacción de gendarmes y prefectos menos módica que la presente. Colocar a Cristina Fernández, por qué no, como víctima de una hipotética algarada uniformada. Si el espejo dilecto del kirchnerismo es Venezuela, como quedó demostrado luego de la indiscutida victoria de Hugo Chávez, no habría que descartar tampoco la tentación de algún reflejo extraído del proceso en Ecuador. Hace diez días, también, Rafael Correa recordó el segundo aniversario de una sublevación policial (el 30 de septiembre del 2010) que logró sofocar y le sirvió de plataforma posterior para consolidar su liderazgo, avanzar sobre la Justicia y los medios de comunicación".
Kirschbaum: "La explicación que dieron es que el Gobierno no está en condiciones de cumplir con el reclamo de 7.000 pesos de básico que hicieron los sublevados. Esto implicaría un monto de dinero que oscila entre los 3.800 y los 4.100 millones anuales para cubrir esa necesidad. Una cifra grande, es cierto. Pero para el Gobierno es más importante –y rentable– invertir mucha plata en los programas propagandísticos que mantiene y que cada vez son más onerosos para el Tesoro".
Morales Solá: "Abal Medina y Lorenzino contaron que les llevó todo el fin de semana largo descubrir que el Estado estaba siendo esquilmado por un grupo de jueces, abogados, gendarmes y prefectos. No es cierto en la mayoría de los casos. Pero si fuera verdad, ¿dónde está la capacidad de gestión con la que se pavonea el cristinismo? ¿Dónde, si debió sublevarse un grupo de prefectos y gendarmes para que el Estado se diera cuenta de que lo estaban arruinando? ¿O, acaso, el Gobierno sabía de esa conjura jurídico-financiera y no la denunció?".
De Goñi: "Si había una red de complicidad entre gendarmes y funcionarios judiciales, el Gobierno debería haberla denunciado antes de firmar el decreto de blanqueo salarial. La justificación ex post tal vez le resulte cómoda porque le permite denunciar conspiraciones y dejar en off side a los que cuestionan su mala praxis. Alguna vez aprenderá que planificar una comunicación plural en tiempo y forma puede ser más redituable que correr una crisis desde atrás".
Levi Yeyati: "El relato kirchnerista es un ejemplo práctico de esta revisionismo meticuloso, obsesivo que plaga algunas zonas del pensamiento crítico. El affaire Indec, que comenzó como un incipiente ejercicio de negación, se propagó hasta contagiar datos de crecimiento, pobreza, desigualdad, empleo, de modo de generar una realidad alternativa consistente. Pero, una vez lanzado, el relato no se detiene; exige un Alzheimer estadístico. La memoria reciente desaparece de los servidores, deja de pronunciarse; se aproxima, se estima, se adivina. Se relata.
Inversiones de la Anses, ejecución presupuestaria, déficit de empresas públicas, víctimas de crímenes violentos van a engrosar la larga lista de series desactualizadas o desaparecidas en el ejercicio de la información pública, reemplazadas por el trascendido oficial o el dedo oscilante privado. De nada sirve, por ejemplo, que la realidad estadística revele que el tamaño relativo del producto y el empleo industriales no hayan crecido en los últimos años; el relato mostrará un gráfico que sugiera industrialización y, si esto no es posible, comparará con el piso de la última crisis y, si aún así el resultado es negativo, modificará los datos.
Esta versión de la interpretación, la del relato revisionista, es el reverso de la de los clásicos: recorta y pega, ata las partes con alambre y recrea una nueva historia con los retazos de la verdadera. El relato desguaza la realidad y la amolda al mito".

Sylvestre cuenta otra historia: "El Gobierno tomó la decisión política de no ceder con los reclamos de Gendarmería y de Prefectura, aunque admitió el error administrativo de los sueldos mal liquidados. En este sentido, ha preferido, en esta instancia, no buscar responsabilidades políticas entre sus miembros e ir a investigar al interior de ambas fuerzas por la mala liquidación y sobre el festival de cautelares.
La intervención al Departamento jurídico de Gendarmería va en ese sentido. En el gobierno sostienen que cerca del 79% de los sueldos de esa fuerza están judicializados, mientras que en Prefectura la cifra asciende al 60%. Y que había un sistema que alentaba y permitía esa judicialización, donde estaban en connivencia abogados litigantes, jueces y las jefaturas de ambas fuerzas. Las cifras hablan por sí mismas: los jefes de las fuerzas llegaron a ganar hasta 25 veces más que las categorías inferiores; la judicialización aumentó la brecha salarial entre los grados más altos y los más bajos, y se daba el caso de que uniformados con el mismo escalafón, cumpliendo la misma función, cobraban salarios muy dispares, según estuvieran judicializados o no.
Esto habilitó la descomposición en la cadena de mandos que hoy salió a la luz, porque los suboficiales reclamaban por las injusticias que observaban, y desde la cúpula no se atendían los reclamos porque participaban, se beneficiaban y hasta alentaban el festival de las cautelares".

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