Imagen de la Policía de De la Sota

El 70 por ciento de los cordobeses reprueba la gestión de la Policía de Córdoba, mientras que casi un 50% cree que la fuerza policial está en peores condiciones que el año pasado. Un 32% opina que está igual de mal.
El 80% dice que la misma policía es responsable por los escándalos que azotan a la institución y un 90% considera que es necesario un profundo cambio en esta materia. El 95% cree que los policías deberían recibir una mejor capacitación.
Estos resultados se desprenden de una encuesta que realizó la consultora del analista político Gustavo Córdoba entre el 16 y el 23 de septiembre a 1.000 casos de toda la provincia, domiciliaria y con cuestionario estructurado.
Lucas Crisafulli, coordinador del Área de Seguridad del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, enmarca estos números: "La institucionalidad en riesgo estalló por el escándalo de policías acusados de tener vínculos con narcotraficantes, o peor aún, altos jefes policiales sospechados de estar implicados en casos de narcotráfico, secuestros, robos comandos y procedimientos en los que “plantaban” droga para hacer falsos positivos.
Por más que cierto sector del periodismo intente separar ambos problemas –detenciones sistemáticas y narcoescándo– ambos son parte de un problema mayor: la gestión política de la seguridad, que en Córdoba, así como en otras provincias, se ha traducido en un pacto entre policías y políticos de autonomía policial. Son dos caras de la misma moneda: disciplinamiento de los sectores racializados mediante detenciones masivas por el Código de Faltas, apremios ilegales, tortura, gatillo fácil y reclutamiento para el delito por un lado; y por el otro, la regulación del delito complejo como el narcotráfico o autopartes robadas que producen el autofinanciamiento proveniente de esas actividades protegidas por la propia policía.
Esto no puede suceder sin la existencia de mecanismos políticos, judiciales, mediáticos y sociales que aseguren la impunidad. La política que acuerda autogobierno con la policía a cambio de niveles tolerables de delito; el Poder Judicial que asegura la legalidad de los procedimientos “truchos”, en la mayoría de las veces mediante la creencia ciega de la versión policial; ciertos medios de comunicación que repiten el parte de prensa de la policía en sus páginas, radios o programas televisivos. Pero la impunidad también se asegura mediante engranajes sociales –la llamada violencia cultural que define Galtung– que legitiman la violencia contra los racializados. Si la tortura sigue existiendo a doscientos años de la prohibición de la Asamblea del año XIII, es también porque la sociedad la tolera".