#Kolektorgate: la oposición cordobesa denunció a De la Sota y va por el juicio político

El escándalo por la cámara oculta donde aparece el director de la empresa Kolektor ofreciéndole dinero a un periodista en nombre del gobierno cordobés para que ataque a la oposición se agranda y ya llegó a la Justicia.
Como habían prometido, legisladores del juecismo, el socialismo, el radicalismo, el macrismo y el vecinalismo presentaron ante la Fiscalía General de la Provincia un pedido de investigación para determinar si el gobierno cordobés y su titular, José Manuel de la Sota, han incurrido en un delito.
Liliana Montero, jefa del bloque juecista en la Unicameral, puso a disposición de la Justicia los antecedentes del video y advirtió que se trata de "un hecho serio donde un empresario, haciendo uso de los dineros del propio Estado, intenta manipular el contenido de un programa periodístico y perjudicar a los partidos de la oposición. Es inadmisible en 30 años de democracia. Está dañando las fibras más íntimas del sistema democrático".
Además de Montero, acompañaron la presentación Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), Rodrigo de Loredo (UCR), el socialista Roberto Birri, Javier Pretto (PRO) y el juecista Ricardo Fonseca.

García Elorrio y Cintia Frencia (del Frente de Izquierda) ya anunciaron que pedirán en la Legislatura el juicio político al gobernador De la Sota.
García Elorrio, por otro lado, confirmó que denunciará en las próximas horas ante la justicia federal al primer mandatario provincial por presunto espionaje y violación de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que "hubo una agencia de inteligencia montada por De la Sota, el gobierno provincial, o Kolektor".
El dirigente vecinalista aseguró que el director de la empresa Kolektor, Hermann Karsten (el empresario al que captó la cámara oculta ofreciéndole dinero al periodista Tomás Méndez, conductor del programa ADN, de Canal 10 Córdoba) "ha tenido intereses en otras empresas locales como Texas, Cobrex, y con participaciones en todos lados".
Kolektor es una empresa prestataria del Estado provincial que se encarga del cobro de deudas impositivas, pero que también incluye multas de la Policía Caminera hasta acreencias de los hospitales públicos. Según su Reporte de Sustentabilidad del año pasado, tuvo ganancias por 42 millones de pesos.
Kolektor es una unión transitoria de empresas formada por Servicios y Consultoría SA (90%) y la Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA (10%).
Servicios y Consultorías SA también tiene participación en Cobrex (65%), vinculada a Córdoba Bursátil, cuyos dueños son la Provincia y la Fundación Banco de Córdoba, que está presidida por la actual pareja de De la Sota, Adriana Nazario.
La oposición denunció por estos días que Córdoba Bursátil, a través de Cobrex, participó en la recuperación de los créditos “incobrables” del ex Banco Social y del Banco de Córdoba, y por el cual hay un fallo de una Cámara Contenciosa para que se informe sobre el destino de esos fondos.
Según el legislador juecista Ricardo Fonseca, la maniobra habría perjudicado al fisco provincial por 2.400 millones de pesos, y de la misma habrían participado altos funcionarios del gobierno cordobés y empresarios vinculados a la cobranza de créditos e impuestos provinciales que habrían actuado como testaferros de funcionarios y de otros empresarios. Por la misma, Fonseca presentó una denuncia ante la justicia federal de Córdoba que involucra a De la Sota y al ex gobernador Juan Schiaretti, actual pre candidato a la gobernación por el delasotismo.
Entre ellos, Kolektor. Pero además: Tecsa, Cobrex Argentina, Sairt, SP Consultores, Servicios y Consultorías SA, Relevamientos Catastrales SA, LG & Asociados-Abogados Longo y Gutiérrez, SSC Consultoría y Sistemas SA, Control y Gestión SA, SAC Sistemas Administraciones y Consultorías SA, Sistemas y Gestiones Integrales SA y Traca Sociedad de Bolsa SA.
Pese a tener diferentes denominaciones, todas estas empresas, según Fonseca, responderían a Horacio Miró, ex titular de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, supuesto dueño de la constructora Britos SA, y nombrado por Karsten en el video de la polémica como una de las vías a través de la que se podían vehiculizar los 500 mil pesos de pauta oficial que le ofrecía a Méndez.
El periodista de Canal 10 prometió que esta noche en su programa va a "contar todo lo que sucedió, porque aclarar no hay que aclarar nada". Méndez sostiene que él mismo grabó la cámara oculta, que le fue sustraída de una de las computadoras de su productora y que la conversación con Karsten era para defenderse con la información que le iban a dar para utilizarla en una investigación que ahora habría quedado trunca.

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